Movilidad urbana-transporte público. Un derecho humano
Hace unos días se anunciaron endurecimiento de las medidas contra transportistas que violen el reglamento de tránsito en la capital de la entidad mexiquense, lo que incentivó nuestra curiosidad como ciudadanos entorno a la calidad del servicio que recibimos, pues es evidente que muchos casos los asientos están rotos, sucios, maltratados y de paso los choferes son groseros, conducen sin respeto y no existe conciencia de su parte en la responsabilidad que tienen en sus manos, quizá en muchas de las ocasiones producto de la juventud y poca responsabilidad.
Pero contrario a ello, no podemos ignorar que los empresarios transportistas también hoy padecen el mal que aqueja a nuestro entorno, la inseguridad, el alza de los precios, como sucede con la gasolina y por consecuencia, con todo lo necesario para mantener las unidades – ya no hablar de buenas condiciones, sino tenerlas en marcha-.
Por lo cual es claro, el Estado, en su obligación de garantizar nuestro derecho a la movilidad, que presupone al transporte público, debe proponer y realizar programas y acciones contundentes; que sin lugar a duda y de manera lógica deben iniciar por capacitación a los choferes, en aras de ofertar un servicio eficiente digno al usuario. Además de buscar alternativas en las que se coadyuve con la modernización de las unidades.
En forma consecuente, es obvio que el traslado de las personas de un lugar a otro es ya un asunto imprescindible de vida, pues el movimiento se requiere para acceder a todos los servicios y entorno a ello, el Senado analiza incluir la movilidad urbana dentro de los derechos consagrados en la Constitución.
Sin embargo, no se debe perder de vista que hoy se concibe el servicio de transporte como una “prestación” que debe comportarse de manera eficiente para satisfacer las necesidades de la población, lo cual dicho bajo ese contexto resulta cuestionable, pues la realidad nos obliga a ver más allá de un servicio. Implica hacer depender la satisfacción del derecho de la capacidad económica y/o voluntad política de la autoridad pública, sin que se traduzca en una obligación estatal que debe ser respetado en todos los casos, a fin de garantizar un servicio público que esté en correspondencia con la dignidad humana.
