Gran impresión generó el reciente fallecimiento de un menor de trece años en Puebla, quien fue herido por elementos de la Policía Estatal Metropolitana que desalojaron con disparos de balas de goma, a habitantes de Chalchihuapan que mantenían bloqueada la autopista Puebla-Atlixco para exigir que el servicio del Registro Civil se reintegrara a las Juntas Auxiliares.
Sobre este lamentable hecho son de analizarse varias circunstancias; la primera es la propia Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado Puebla, bautizada como Ley Bala, aprobada el pasado 19 de mayo en el Congreso de Puebla con 32 votos a favor y sólo cinco votos en contra; cuya exposición de motivos tiene inicia con la propia explicación de la figura del uso de la fuerza pública, la cual para cito textualmente para mayor comprensión: “es un mecanismo para la restauración de la estabilidad social y el orden colectivo, siempre y cuando exista la posibilidad de hacer cumplir la Ley de otras formas, como el dialogo, la persuasión, o la advertencia”. Así en la misma redacción de la iniciativa se establece que con ésta se propuso regular el empleo de la fuerza para salvaguardar la integridad derechos y bienes de las personas, la prevención de los delitos e infracciones administrativas a través de los elementos adscritos a las instituciones de Seguridad Pública del Estado de Puebla y la Policía Ministerial, resaltando la protección en todo momento de la dignidad y los derechos humanos.
La segunda, corresponde a la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que atrajo una investigación con motivo de los agravios cometidos en perjuicio de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, menor que perdió la vida y otras personas que resultaron lesionadas, durante los hechos ocurridos el 9 de julio en el Estado de Puebla. Facultad que vale la pena enfatizar es parte de la reforma constitucional del 10 junio de 2011, que fortalece a dicha Comisión para investigar posibles violaciones graves a derechos humanos y que ahora posibilita llevar a juicio político o a servidores públicos responsables de dichas transgresiones.
Y finalmente la iniciativa para derogar esta Ley en la Sesión Ordinaria que celebrará la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el 22 de julio, es decir, mañana.
