Toluca, Estado de México, Reporte5.com.- Alrededor de 100 ex trabajadores de la Legislatura mexiquense se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para informar a la ciudadanía la manera corrupta de conducirse del presidente de la Junta de Coordinación Política, Aarón Urbina Bedolla.
Recordaron que durante el último semestre del 2013, el funcionario giró la instrucción para que 800 empleados fueran despedidos del Congreso Local para colocar en diversos puestos a familiares y amigos, principalmente de Ecatepec y Tecamac.
Denunciaron que el actual jefe de personal, Felipe Portillo Díaz, es hijo de la alcaldesa de Tecamac, Roció Díaz Montoya, mientras que Felipe Portillo Sánchez, padre del servidor público, es el titular de Asistencia Social de la Cámara de Diputados.
Los ex empleados reiteraron que su lucha no tiene color, reconocieron que diputados del Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática se han sumado a su lucha, por lo que exhortaron a más legisladores a denunciar en tribuna la situación que impera al interior del Congreso Local. Informaron que las liquidaciones que les ofrecen son raquíticas y no corresponden a un mes de salario.
Viridiana González Hernández, ex empleada del departamento de capacitación de la legislatura, señaló que muchos de los trabajadores quedaron con deudas ante FONACOT e instituciones bancarias, denunció que los abogados de la Cámara de diputados a realizaron documentos falsos en su contra por lo que exigieron al Tribunal Laboral actué con imparcialidad para resolver el problema.
“No es justo que este señor decida quitarnos el empleo. Muchos estamos pagando nuestras viviendas. Somos 800 trabajadores y algunos con más de 25 años de servicio, en el grupo existen personas con discapacidad y mujeres que son jefas de cabeza”, explicó.
Previo al inicio de la sesión del Congreso Local, los ex trabajadores lograron hablar con los legisladores Octavio Martinez, Ana Yurixi Leyva y Saúl Benitez, quienes refrendaron su apoyo para hacer respetar los juicios y laudos laborales de los trabajadores apegados a la ley y no bajo criterios políticos.
Octavio Martínez Vargas, legislador del PRD, informó que continuarán brindando su apoyo a este grupo de trabajadores, pues no están de acuerdo con el despido injustificado. Señaló que desde el grupo parlamentario exigirán la revisión de los juicios y violaciones laborales ante el Tribunal para solicitar se reinstalen a los empleados.
“No coincidimos en la política de austeridad que dicen, cuando hay austeridad para comprar camionetas nuevas, contratar guardias y lujos para los coordinadores. Nuestra solidaridad con ustedes”, indicó.
Por su parte, los ex empleados, informaron que la noche anterior a la manifestación recibieron varias llamadas telefónicas amenazándolos que si se presentaban se atuvieran a las consecuencias.
«Les recuerdo a los de allá arriba que son padres. Todo en esta vida, lo que avientas se te regresa. No tenemos miedo y continuaremos en la lucha», advirtió Viridiana González.
