MÉXICO.- El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la extinción de 13 de fideicomisos del Poder Judicial con 67 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones. El dictamen reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se prohíbe la creación y operación de mecanismos mercantiles que no se encuentren estipulados dentro del ordenamiento.
Entre los instrumentos a los que se refiere el proyecto seis pertenecen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales se enfocan al diseño y elaboración de programas para la impartición de justicia, administración de remanentes presupuestales, divulgación de resoluciones, apoyo médico a servidores públicos, pago de pensiones a mandos medios y personal operativo, y pago de pensiones complementarias a mandos superiores.
Otro grupo de fondos se enfocan a la atención del Consejo de la Judicatura de la Federación con mecanismos que comprenden desde la asignación de una vivienda, servicios médicos, remodelación de órganos jurisdiccionales y su equipamiento, además de la capacitación del personal; este apartado suma seis instrumentos.
Por último, el Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación comprendía dos fideicomisos, orientados a apoyos médicos para servidores quienes tienen menores ingresos y la cooperación entre agencias españolas y el TEPJF.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador José Narro Céspedes (Morena) dio a conocer que del total de los fondos y fideicomisos seis fueron creados en el Consejo de la Judicatura Federal; seis, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y dos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, el legislador resaltó que hasta el segundo trimestre del 2023, los fondos contaban con un patrimonio total de aproximadamente 21 mil 500 millones de pesos, los cuales serán devueltos a la Tesorería de la Federación para su uso en temas fundamentales para la nación.
El dictamen fue turnado al ejecutivo para los efectos del artículo 72 constitucional, el cual se refiere a la publicación de leyes o decretos aprobados por el Congreso de la Unión.
