Washington, EEUU, Reporte5.com – El Estado de México no sale de una cuando ya le cayó otra mala noticia; primero lo de las malas acciones de la constructora OHL y ahora el caso Tlatlaya que no han podido cerrar.
A partir de la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Estados Unidos emitió algunos informes en los que manifiesta su sospecha sobre la complicidad del gobierno mexicano con los cárteles de la droga y el involucramiento del Ejército en actividades ilícitas.
Como castigo, en el primero de los casos suspendió la ayuda militar al Batallón 102 del Ejército; en el segundo evitó definir su postura.
Los documentos que fueron desclasificados a través de la Ley de Libertad de Información mediante solicitudes realizadas por investigadores de la organización Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive), y publicados por The Intercept, revista electrónica que sirve, entre otros objetivos, como una plataforma para informar sobre los documentos publicados por Edward Snowden, revelan que por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón 102 en junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, de manera excepcional Washington paralizó fondos que iban destinados al Ejército.
En el artículo titulado “Autoridades mexicanas implicadas en la violencia, mientras siguen fluyendo los apoyos”, el investigador Jesse Franzblau y la reportera Cora Currier mostraron un informe interno del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, fechado en octubre de 2014, que menciona que algunas de las 22 víctimas no murieron a causa del supuesto enfrentamiento con el Ejército sino que fueron ejecutadas de manera sumaria y que un oficial del Ejército mexicano y siete soldados habían sido detenidos por los asesinatos y su encubrimiento.
