Negar a las personas sus derechos humanos,
es cuestionar su propia humanidad.
Nelson Mandela.
Comienzo esta breve opinión semanal con una frase digna de reflexión, pues la realidad de la que soy parte cuestiona mi sensibilidad ante el dolor ajeno, pero más aún sobre el respeto del derecho de otros y luego temó el llegar a cuestionar la humanidad de mis semejantes.
Como parte de la sociedad, enfrentamos una serie de interrogantes a la luz de nuestra esencia como seres humanos, con derechos, los cuales parafraseando a Juan Pablo II, deberían ser el secreto de la paz; sin embargo hoy pareciere que se encuentran en lo más profundo de un volcán, lleno de masa incandescente que no podemos alcanzar y cuanto más cerca de ellos –los derechos humanos- sentimos estar, más fuerte es el calor que debemos soportar.
Al respecto y como parte del trabajo jurídico que se ha realizado en los últimos años en materia de Derechos Humanos, es pertinente citar la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entorno al contenido del párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para determinar si una conducta específica de la autoridad importa violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como la provisión de recursos o la facilitación de actividades que tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus derechos fundamentales.
Lo cual, de primer momento nos hace pensar, que la tarea que corresponde al órgano estatal es lo bastante clara, porque corresponde a la autoridad dentro de su ámbito de facultades, que se encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos que advierta y en su caso hacer todo lo necesario para lograr la restitución del derecho humano violentado. -Narración que en líneas, parece sencilla, pero que en la realidad advierte múltiples complicaciones sociales, económicas, políticas y culturales-. Por lo cual mi querido lector, tampoco debes olvidar que cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y la defensa y promoción de nuestros derechos humanos es un acto de valor, que no sólo está en la mano del Estado, también es nuestro compromiso. Dijo el Marqués de La Fayette “El derecho y el deber son como las palmeras: no dan frutos si no crecen uno al lado del otro”.
